LAS IZQUIERDAS Y LA «CONFUSIÓN DEMOCRÁTICA»

Parte I

Por: Gerardo Caetano
Nueva sociedad (281)

El giro a la derecha en América Latina tiende a amenazar la estabilidad ya jaqueada de las democracias del continente. Sin embargo, las derivas autoritarias también han provenido de las experiencias de algunos gobiernos tildados como «progresistas», fuertemente desafiados por el agotamiento de sus modelos y por el clamor popular. Las izquierdas latinoamericanas vuelven a ser interpeladas en profundidad por la «cuestión democrática». En ese marco, el concepto mismo de democracia está de nuevo en entredicho.

Algunas claves históricas de larga duración

Entre mediados del siglo XVIII y finales del siglo XIX, cuando se definía buena parte de la modernidad política en Occidente, la popularización del concepto «democracia» en el lenguaje político iberoamericano se dio de manera lenta y disputada. Aunque mantuvo su polisemia y hasta su equivocidad, la voz se fue constituyendo gradualmente en un concepto político fundamental, cargado de preguntas y de sentidos. Fue en ese marco, como bien ha señalado el historiador español Javier Fernández Sebastián, un «vocablo proteico», que pudo ser parte, en especial durante la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX, de sintagmas cruciales. Esa dimensión de concepto en disputa fue una de las razones para que el sustantivo «democracia» fuera requiriendo –cada vez más– de numerosos adjetivos. Ha dicho al respecto Fernández Sebastián: «Se comprende que el permanente desacuerdo de fondo acerca del concepto y su intrínseca (…) amplitud forzasen en muchos casos el recurso a una generosa adjetivación. A los ya conocidos calificativos de individualista y socialista se añaden otros muchos como democracia moderna, democracia liberal, democracia obrera, democracia popular, democracia radical, democracia tumultuaria, democracia burguesa, etc.».

Tras aquel intenso debate se encontraba un conjunto de contiendas político-conceptuales: las tensiones entre las ideas de república y democracia, aquellas vinculadas al «desdoblamiento» de la siempre resbaladiza categoría «pueblo», las varias significaciones en pugna en torno de la noción de soberanía, las raíces del creciente prestigio de la idea de democracia social o la asociación entre democracia y una laxa invocación al progresismo. Pero fue su cruce conceptual con la compleja cuestión de la representación y de la interpelación de los paradigmas liberales lo que permitió una gradual rehabilitación discursiva de una palabra que muchos denunciaban como hipócrita. En esa tensión conceptual fue donde nacieron dos sintagmas decisivos como los de «democracia representativa» y «democracia liberal». A través de ellos comenzó a aceptarse la noción de que se podía ir hacia una forma de régimen de gobierno mixto o combinado, en la que la adscripción temida de la voz «democracia», asociada al poder ilimitado y directo del pueblo, podía dejar lugar a una visión de mayor moderación, tras una suerte de atenuación antijacobina o elitista del gobierno del pueblo.

Si se proyecta el concepto ya consolidado de democracia en la América Latina del siglo XX, su sentido proteico se profundiza aún más. En tensión con las distintas tradiciones que ya portaban las culturas políticas del continente –que incluían caudillismo, militarismo, regímenes oligárquicos, reformismos más o menos liberales o populares, los populismos «nacional-populares» que devinieron después y las lecturas diversas sobre el tema desde las izquierdas y derechas en sus diferentes versiones, sobre todo desde los marxismos por un lado y las derechas antiliberales y hasta protofascistas por el otro–, no fue sencillo para ningún régimen o actor político desentenderse de toda invocación del concepto, mucho menos aceptar su disidencia radical contra este. Algo de esto último pudo ocurrir recién desde finales de la década de 1950 hasta la de 1970, cuando el calentamiento de la Guerra Fría en todo el continente habilitó actores y posturas ideológicas claramente teñidos por una retórica y en una práctica ostentosamente antidemocrática: aunque desde horizontes contrapuestos, tendieron a coincidir en esos posicionamientos las dictaduras de la Doctrina de la Seguridad Nacional (promovidas por Estados Unidos e inauguradas con el golpe de Estado en Brasil de 1964), las derechas nacionalistas y antiliberales (en ocasiones hasta fascistas), así como las izquierdas foquistas y marxista-leninistas.

Las tragedias ocurridas tras las guerras civiles, los violentismos prometeicos y, de manera particular, los terrorismos de Estado desplegados entre las décadas de 1960 y 1980 fueron el soporte fundamental para una revalorización general de la democracia por parte de casi todos los actores, en tanto consenso básico de las transiciones. Aun en esos momentos de convergencias antidictatoriales, no faltaron disidencias sobre este punto a derecha e izquierda, pero fueron marginales. Las transiciones democráticas, aun con sus diferencias claves en relación con los temas cruciales de la justicia y la verdad respecto a las violaciones de los derechos humanos, tendieron a apuntar hacia un «acuerdo de régimen» básico sobre la democracia como plataforma política para instalar las competencias ideológicas. El impacto de la caída del socialismo real en el continente, como en casi todo Occidente, también jugó en esa dirección, aunque la deriva radical del neoliberalismo y del neoconservadorismo de los años 90 muy pronto socavó los cimientos sociales del acuerdo.

De todos modos, la firma de la Carta Democrática Interamericana por todos los países americanos (con excepción de Cuba, marginada de la Organización de Estados Americanos –OEA–), nada menos que el 11 de septiembre de 2001, en la ciudad de Lima, pudo simbolizar el último hito de ese momento de relativa convergencia de miras. Ese documento recogía un acuerdo de base en términos más bien procedimentales, relacionado con el avance de la democracia representativa, en defensa de sistemas políticos en que los ciudadanos puedan elegir libremente a sus gobernantes y representantes en elecciones competitivas y transparentes. Pese a ello, no debe olvidarse que ese acuerdo fue también firmado de modo entusiasta por Hugo Chávez y que expresaba la inscripción del continente en lo que por entonces daba en llamarse la «tercera ola democrática».

El «desacuerdo de régimen» y la erosión del apoyo a los valores democráticos
Lo acontecido durante el siglo XXI en el panorama político latinoamericano tiene que ver en principio con la continuidad general –con ciertos casos de excepción preocupantes– de democracias electorales en el continente. Dada la historia latinoamericana, esta circunstancia no resulta un hecho menor. Sin embargo, no debe ignorarse la persistencia de situaciones de creciente inestabilidad política, referida a la sucesión de «golpes blandos», derivas autoritarias de gobiernos surgidos de elecciones, procesos de confrontación política de signo excluyente, crisis de los partidos y de las formas de la representación y procesos incrementales de personalización de la política, con desprestigio de las instituciones democráticas en general. En ese contexto y a partir de lo vivido en los últimos años, la perspectiva de un progresivo «desacuerdo de régimen» en torno de lo que concebimos como democracia ha emergido como un problema central en América Latina. Las legitimidades de origen se han venido distanciando de las de ejercicio, y ello ha atravesado a gobiernos de derecha y de izquierda, más allá incluso de los vaivenes de las retóricas cambiantes en torno del populismo de unos y de otros.

Esto ya no es un problema de las elites, sino que ha llegado a calar más hondo en la opinión pública, como lo vienen indicando año a año distintas mediciones internacionales. En consonancia con fenómenos cada vez más frecuentes a escala mundial, los itinerarios en el continente del nivel de apoyo a la democracia y de satisfacción con su funcionamiento han marcado derivas de inestabilidad en las últimas décadas, tendencia que se ha profundizado en el lustro más reciente. Este cuadro de desencanto y de recelo, esta marea antipolítica, tan proclive a la emergencia de liderazgos redentores y de sus arcadias regresivas, ha tendido a radicalizarse en los últimos años, como lo indican distintos estudios sobre simpatía y prestigio de actores, instituciones y comportamientos tradicionalmente asociados a la vigencia de la vida democrática3.

En América Latina, las discusiones sobre los retos de la «cuestión democrática» se han anudado en las últimas décadas con tres momentos históricos muy distintos: a) la interpelación y los efectos residuales de los procesos de transición a la democracia, luego de las dictaduras de la Seguridad Nacional; b) el desencanto de los trámites de reacción antipolítica y de las democracias limitadas de la década de 1990, con sus ortodoxias y desigualdades renovadas tras las crisis económicas; y c) los procesos de crisis más o menos radical de los gobiernos de signo progresista que ascendieron desde alrededor del año 2000, en especial en América del Sur. A partir de lo acumulado en esos tres momentos de signo tan disímil, la pérdida de «acuerdo de régimen» sobre la democracia tiende a coincidir hoy en la región con la hegemonía creciente de derechas radicales en el campo conservador, alentadas por la reorientación extremista de la política hemisférica de EE.UU. protagonizada por el gobierno de Donald Trump y sus halcones (John Bolton, Elliot Abrams, Marco Rubio).

El centro político (que hay que recordar que no necesariamente coincide con el centro ideológico) tiende a desaparecer, y las derechas tradicionales enfrentan la tentación de volverse (o de ser superadas por) ultraderechas. Los ejemplos de Jair Bolsonaro en Brasil, Iván Duque en Colombia o Juan Orlando Hernández en Honduras refieren esa combinación tensa entre neopatriotismo, ultraliberalismo en lo económico, conservadorismo social y moral fuerte y militarización creciente en la conducción del Estado4. Por cierto, esta nueva ecuación busca asociarse al impacto de procesos diversos: la nueva realidad económica regional e internacional con sus reorientaciones liberales; el auge de los llamados agronegocios y de su modelo extractivista, orientado a las exportaciones de alimentos y minerales sin procesar; el cambio ideológico de alcances aún inciertos en la región y en el mundo; el creciente influjo en el continente de corrientes neopentecostales, con su agenda regresiva en el plano de los derechos5; la implosión de los regionalismos y de la aspiración a desplegar roles de autonomía en el contexto global. En ese marco, parecen haber caducado las coaliciones socialdesarrollistas presentes en varios países del continente durante la «década dorada» (2004-2014).

Desde una perspectiva histórica que vincule esos tres momentos constitucionales (en referencia a la teoría de Bruce Ackerman) antes reseñados, sin menoscabar el influjo central de otros factores de poder sin duda decisivos, cabe preguntarse cuánto de esta nueva realidad latinoamericana de giro derechista no fue facilitada por innegables déficits políticos y democráticos que signaron la experiencia de los gobiernos progresistas en las décadas pasadas. Son muchas las preguntas que surgen en esa dirección, en especial desde experiencias no susceptibles de una consideración uniforme.

¿De qué manera se buscó redefinir los vínculos entre ciudadanía y política en los nuevos contextos «progresistas»? ¿Bajo qué formas, instituciones y procedimientos se tendió a establecer los nuevos pactos de ciudadanía en sociedades impactadas por las redes sociales y por fuertes poderes fácticos extrainstitucionales? ¿Fueron respondidas las cuentas pendientes que habían dejado las dictaduras, relativas a verdad y justicia, redemocratización de las Fuerzas Armadas y renovación de los sistemas judiciales en consonancia con las nuevas realidades y con el derecho internacional de los derechos humanos? ¿Cómo tendieron a rearticularse en la región el concepto de homogeneidad cultural (propio del modelo clásico y universalista de ciudadanía) y los desafíos emergentes del multiculturalismo y de los Estados plurinacionales? ¿Qué lugar efectivo se le dio a la llamada «agenda de nuevos derechos», vinculada a la situación de actores y colectivos largamente postergados e invisibilizados? ¿Cómo se ha reconceptualizado la perspectiva de los derechos humanos y de los derechos sociales para incluir en ella, de manera central, una consideración más integral de la pobreza, la indigencia y sus vectores de injusticia radical en el continente más desigual del planeta? ¿Se intentó reformular la noción de Estado, de los modelos de desarrollo y de las políticas públicas para dar sustento consistente a estas demandas impostergables? ¿Cómo se combatió de plano el fenómeno devastador y generalizado de la corrupción, que en la actualidad más cercana configura una fuente incontenible de desprestigio de los políticos y aun de desencanto en torno de los valores democráticos? Por cierto, que esta lista sintética de preguntas interpela al conjunto de las sociedades y de los sistemas políticos del continente. Pero desde la oportunidad del ejercicio del gobierno (en algunos casos por primera vez) y desde sus promesas de cambios profundos, no cabe duda de que la interpelación resultaba más decisiva y primordial para las izquierdas y los progresismos. No hacía falta conocer lo que ocurriría luego del «boom de los commodities» y su bonanza para advertir que en la disputa por el liderazgo de la profundización democrática, estos actores tenían una tarea estratégica.

(*) Fuente gráfica independiente: ALAS

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